FEBRERO 2005: REFERENDUM SOBRE LA
CONSTITUCIÓN EUROPEA.
España fue el primer país de Europa
que hizo las votaciones para ratificar la Constitución Europea. En nuestro
país, gobernaba en ese momento el Partido Socialista Obrero Español en el
Gobierno Central. Gobernaba igualmente en el Gobierno Autonómico de Aragón.
También en la Diputación Provincial de Zaragoza, en la Comarca Comunidad de
Calatayud, en el municipio de Calatayud y en el Ayuntamiento de Ateca. En
definitiva, tenía todo el poder de nuestro país, y se atrevió a denunciar a un
ciudadano que escribe una hoja pidiendo el no a la Constitución Europea y que
además de poner copias en algunas paredes puso también en los rincones de los
tablones puestos para la propaganda electoral este folio diciendo “no” a la
Constitución Europea.
Como digo, todo el poder de una
nación se dirige en contra de un ciudadano. Esto no ocurría ni en los tiempos
de la dictadura y atentaba claramente contra la libertad Constitucional de la
libertad de expresión. En que este ciudadano, es decir, yo mismo, llevara
haciendo crítica al Partido Socialista de Ateca desde el año 2003 fue la única
base, desde luego antidemocrática, para denunciar a un ciudadano por pedir el
“no” a la Constitución Europea, que por otra parte era una de las dos opciones,
que se podían votar, el “sí” o el “no”.
Unas fechas más tarde se realizan la
votación en Francia, y Francia entera votó “no” a la Constitución Europea. En
esa circunstancia, el jefe comarcal del Partido Socialista Obrero Español, D.
Juan Antonio Sánchez Quero, no tuvo los “reaños” suficientes
para denunciar ante la Junta Electoral Central de París a la mayor parte del
pueblo francés.
Es tan repulsivo el abuso de autoridad de un partido político que, en plena
democracia utiliza todo su poder denunciando a un ciudadano aislado, que sólo
se puede hablar de un autoritarismo propio de la dictadura. Por supuesto, el
juez de Calatayud admite la denuncia a trámite por miedo, por claudicación ante
el poder, porque la justicia en España estaba supeditada a los socialistas, culminando así un hecho anticonstitucional
con prevaricación y dolo hacia un ciudadano.
En aquellos días visitaba la Universidad de Educación a Distancia de
Calatayud la Magistrada del Tribunal Constitucional, catedrática de Derecho
Internacional Privada y que fue Rectora de la UNED. Aproveché esa
circunstancia, en la cual se encontraba oyendo la Conferencia de esta señora
toda la justicia de Aragón, todos los jueces, todos los magistrados, todos los
fiscales, decanos, presidentes de la Audiencia Provincial, etc. A la entrada
del acto, repartí un escrito donde manifestaba el abuso de autoridad con
respecto a mi persona. En un momento de la Conferencia, me levanté y pedí la
opinión de la Magistrada del Constitucional de España, que dijo, delante de
toda la justicia, que esa denuncia no debería haber sido admitida a trámite y
que no me preocupara porque no tenía ningún recorrido legal, y que estaba por
delante mi derecho a la libertad de expresión. A la salida del acto, cientos de
jueces me pedían el escrito porque no había llegado a sus manos.
El día del juicio me presenté sin abogado. El juez me rogó y me suplicó que
me pondría un abogado de oficio, porque lo prescribía el trámite, y que ya me
decía de antemano que el asunto se sobreseería inmediatamente. Me dijo que
permanecería el juzgado abierto hasta las siete de la tarde, cuando volvía el
abogado de oficio, que en ese momento estaba en Zaragoza.
Después de varias horas, el abogado del Partido Socialista habló con el
juez y luego conmigo diciéndome que el mismo me representaría.
Fíjense ustedes bien, el abogado de
la parte contraria, para no hacer esperar a todo un juzgado con funcionarios a
la espera de que llegara el de Zaragoza, me pedía y me rogaba que él mismo
firmaría el trámite de ser abogado defensor mío, y que era cosa de no mantener
a todo un juzgado horas y horas esperando.
Acepté porque además me dijo, en confidencia, que desde la Presidencia del
Gobierno Español, estaban preocupados por esa denuncia, que lo sentían y que me
pedían disculpas, que el Partido Socialista de la Comarca se había equivocado.
Sin duda todo esto era consecuencia
de las palabras de la Presidenta del Constitucional y de la difusión a nivel
nacional del periódico ABC. Y yo acepté que la parte que me denuncia haga
también de abogado defensor. Me dijo este abogado del Partido Socialista que me
avisaría cuando el Señor Juez emitiera el auto, cosa que no hizo nunca, con lo
que me impidió recurrir el auto a mi favor, pidiendo dentro de un plazo de
cinco días daños y prejuicios.
Esa señores es la credibilidad del Partido Socialista Obrero Español, que
queriendo amenazarme por criticar en Ateca al alcalde “encantador de
serpientes” que obtenía reiteradamente mayorías absolutas, querían como digo,
aterrorizar al ciudadano libre. Patético, patético, autoritario y asqueroso.
Todo el poder de un Estado contra un ciudadano.
Manuel Pérez Barra "Cucarro"
